Mientras todos los españoles nos estremecemos con las noticia de un nuevo suicidio ante un aviso de desahucio, la ministra de empleo se congratula con Zoido de haber descubierto a 10.700 andaluces que trabajaban sin declarar lo trabajado. El 0,12 de los andaluces defrauda a la Seguridad Social y la mayoría de ellos lo hacen para subsistir, es decir, como fontaneros, albañiles, camareros o asistentas del hogar. Los datos, proporcionados por nuestra ministra más ministra, nos permiten llegar a dos conclusiones evidentes: que el mito de los Andaluces caraduras no es más que un mito (el porcentaje nacional es de 0,15) y que obcecarse con esta persecución sólo sirve para hacernos pensar que hacen algo para mejorar la situación.
Donde no han hecho nada, ni los de ahora ni los de antes, es en la ley de desahucios. Ilegal según Europa, que ha tardado una eternidad en pronunciarse al respecto, ha sido un fraude real para los ciudadanos. Una ley que les dejaba (nos deja) indefensos ante los bancos. La banca, que como bien dice Julio Anguita ha sido nacionalizada para devolvérsela a sus dueños privados una vez saneada, ha protagonizado un fraude real que se traduce en 526 desahucios diarios en 2012. Ahora hay prisas, lo que no sabemos es para qué. ¿Hay prisas por solucionar un problema real que tiene visos de convertirse en un drama o prisas por complacer a Europa?
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